Desde finales de la década anterior se produce una situación calificada comúnmente, incluido el partido en el gobierno, como de urgencia, de emergencia, de excepcionalidad, justificando así la agresión a los Derechos sociales y políticos, diseñando con la escusa de la llamada crisis, una situación social basada en "robar a los pobres para dárselo a los ricos", Rompiendo en mil pedazos el implícito pacto social del llamado "régimen del 78". Esta excepcionalidad, urgencia y emergencia legitima y hace necesaria también una respuesta por parte de los sectores más afectados de la sociedad y organizaciones sociales que va más allá del papel mojado en el que se han convertido el código penal y el texto constitucional, abriendo un espacio mas que constituyente, "constituido de hecho", donde la legitimidad del acto se encuentra en la circunstancia más que en el acuerdo previo, traicionado y desbordado por la expresión de los intereses de aquellos que hacen del dominio su forma de relación con el resto de la humanidad.